Seis preguntas sobre la nueva directiva de transgénicos de la Unión Europea

La Unión Europea (UE) ha cedido a la presión de los lobbies anti-transgénicos creando una nueva directiva sobre organismos modificados genéticamente (OMGs) que permitirá a los Estados miembros prohibir los transgénicos sin que exista una evidencia científica que la justifique. El nuevo texto permitirá prohibir cualquier variedad aprobada a nivel comunitario que haya superado los controles científicos de seguridad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Una legislación que sienta un peligroso precedente condicionando el mercado interno a los intereses particulares y que da la espalda a la tecnología para dar valor a los intereses políticos. Analizamos las claves de esta nueva normativa.

¿En qué consiste la nueva normativa europea sobre OMGs?

La nueva normativa europea permite a los Estados miembro prohibir el cultivo de OMGs aprobados a nivel comunitario por razones no científicas. Entre las razones que incluye el nuevo texto para prohibir los OMGs se encuentran los objetivos de las políticas agrarias nacionales, la ordenación territorial, el uso del suelo e incluso razones socioeconómicas. Una directiva que da total libertad a los países anti-transgénicos para prohibir variedades que la propia UE ha aprobado tras demostrar científicamente que son seguras para el medio ambiente y para el consumo humano y animal.

Esta nueva normativa relegará la adoptada en 2001 (Directiva 2001/18 / CE), una legislación que nunca se ha aplicado correctamente. La UE acumula más de 44 años de retrasos en aprobación de transgénicos que han recibido el aval científico de la EFSA. Esta situación que está afectando fuertemente a las importaciones y al comercio internacional.

¿A quién beneficia la nueva normativa?

Tras la nueva normativa se esconde un acuerdo de no cultivo hecho a medida para los países anti-transgénicos que son incapaces de justificar científicamente su rechazo. Todas las prohibiciones de transgénicos de los Estados miembro que se mantienen a día de hoy son ilegales, ninguno ha conseguido demostrar científicamente ningún riesgo que justifique su prohibición.

El caso más descarado es el de Francia, que mantiene un acuerdo con los grupos ecologistas por el cual el Gobierno rechaza activamente los cultivos transgénicos a cambio de que los verdes hagan la vista gorda a la energía nuclear. Con el nuevo texto estas restricciones se legalizarán ya que no será necesario justificar su prohibición científicamente.

¿A quién perjudica la nueva normativa?

Los más perjudicados de la nueva normativa son los agricultores europeos que ven cómo el uso de una tecnología clave para el sector queda en manos de los intereses particulares del gobierno de turno. Prohibir variedades científicamente seguras viola la libertad de elección del agricultor, que se ve obligado competir en desventaja en un mercado cada vez más globalizado. La UE es dependiente de las importaciones de OMGs cuyo cultivo después prohíbe a sus propios agricultores. Una doble moral que limita la competitividad del sector agrario europeo.

Los consumidores, los centros de investigación y las empresas biotecnológicas también se ven perjudicadas. La nueva directiva enviá una señal negativa para las industrias tecnológicas de todo el mundo, en un momento en el que están valorando si invertir y operar en la UE. Al no apoyar el avance de la ciencia y la tecnología, la UE está creando un gran lastre para el crecimiento, la innovación, la inversión, así como para la confianza y seguridad del consumidor.

¿Tiene sentido que la UE permita importar y consumir un producto cuya producción tiene prohibida?

Tanto la evaluación del impacto medioambiental como el de la seguridad para consumo la realiza la EFSA. No tiene ningún sentido validar sus dictámenes en cuestiones de consumo y no hacerlo cuando son temas de medio ambiente. Además, si no fueran seguros para el medio ambiente tampoco sería ético que los europeos nos beneficiáramos de cultivos que están dañando el entorno de los países que los producen. Si tal fuera el caso la UE debería renunciar totalmente a ellos para ser coherente con sus miedos. Temores infundados que como no se basan en evidencias científicas han necesitado de la creación de una nueva ley para poder justificar el rechazo a una tecnología científicamente segura.

¿Qué opina el sector español sobre la nueva normativa?

La mayoría de las organizaciones agrarias defienden el derecho a cultivar OMGs. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha calificado de “hipócrita” que la UE no adopte una decisión importante sobre la autorización y liberalización de transgénicos. “Que cada país haga lo que quiera, en cuanto a la autorización, es otro punto para demostrar al mundo que en la UE no hay ninguna unión”, reconocen.

Desde ASAJA también se defiende el uso de los cultivos transgénicos, se reconocen sus beneficios para el agricultor y se resalta su papel clave para hacer frente al reto de asegurar alimentos a una población en constante crecimiento. Desde UPA se lamentan de esta nueva normativa que “escurre el bulto” en vez de “apostar por una normativa europea común”.

¿Cómo ha sido el proceso de aprobación de la nueva normativa?

El primer paso en la aprobación de la nueva normativa sobre OMGs se dio el 12 de junio de 2014 cuando el Consejo de ministros de Medio Ambiente y Agricultura daba el visto bueno al texto con el voto favorable de 26 de los 28 Estados miembros, con la única oposición de Bélgica y Luxemburgo. El pasado 13 de enero de 2015 fue el turno del Parlamento Europeo que aprobó la nueva normativa con 480 votos a favor, 159 votos en contra y 58 abstenciones. El tres de febrero de 2015 el Consejo Europeo aprobó el texto, último paso para la aprobación definitiva de la normativa. Se espera que la ley entre en vigor en primavera, 20 días después de que sea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.