La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo rechazó en el día de ayer por mayoría la proposición de la Comisión Europea de nacionalizar el uso de organismos modificados genéticamente (OMGs). Una proposición que de llegarse a hacer efectiva permitiría a los Estados miembros restringir o prohibir el uso de productos biotecnológicos para alimentación humana y/o animal que hayan sido aprobados por el estricto marco regulatorio científico y sanitario de la UE y que ha superado los controles de seguridad pertinentes.
Se teme que si la propuesta se hiciera efectiva se abrirían las puertas a prohibiciones nacionales arbitrarias que acabarían distorsionando la competencia del mercado único europeo y que pondrían en peligro los sectores de producción de alimentos de la Unión Europea, sectores que dependen en gran medida de las importaciones de piensos biotecnológicos. Sólo las importaciones de soja transgénica en España ha supuesto un ahorro para los productores de al menos 55.000 millones de euros entre 200-2014 ante la alternativa de haber importado solamente soja convencional.
El dictamen de la Comisión de Agricultura que rechaza la propuesta de la Comisión Europea fue aprobado con 28 votos a favor, ocho en contra y seis abstenciones. La propuesta ahora será analizada a mediados de octubre por la Comisión de Medio Ambiente antes de la votación en el Pleno del Parlamento Europeo entre el 26 y 29 del mismo mes. “La votación de hoy en el comité de agricultura envía un mensaje claro: La propuesta de la Comisión debe ser rechazada. No hemos estado construyendo un mercado único para dejar que las decisiones políticas arbitrarias lo distorsionen por completo “, afirmó el eurodiputado alemán Albert Dess.
“El enfoque de la Comisión es completamente irreal. Tenemos muchos sectores de la UE que dependen en gran medida de las importaciones de piensos modificados genéticamente y no serían capaces de sobrevivir si estuviera prohibido. Si permitimos esto, toda la producción de alimentos de origen animal en el la UE estaría en juego, lo que podría hacernos mucho más dependiente de las importaciones de alimentos procedentes de terceros países que no respetan necesariamente nuestros altos estándares de producción”, agregó.
Cuando se dio a conocer la propuesta de la Comisión Europea numerosos órganos e instituciones comunitarias rechazaron dicha medida ya que pondría en peligro el mercado comunitario de alimentos y piensos con graves consecuencias económicas y sociales. En España un total de 17 organizaciones, entre las que se encuentra la Fundación Antama, rechazaron públicamente dicha propuesta. La cadena agroalimentaria europea también mostró su rechazo a través de una carta conjunta.
[FUENTE: Parlamento Europeo]
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