El pasado sábado, la Fundación Antama analizó en Madrid la realidad de los cultivos modificados genéticamente (MG) con los miembros de la Asociación ecuatoriana AGRO Esperanza, una institución integrada en el proceso de retorno productivo impulsado por el Gobierno de Ecuador para cultivar nuevas tierras e impulsar la productividad y competitividad del país.
Los miembros de la asociación quisieron conocer qué hay detrás de la biotecnología agraria para poder discernir entre realidad y ficción y así decidir correctamente qué semillas sembrar en sus tierras.
Soledad de Juan, directora de la Fundación Antama, fue la encargada de exponer la realidad de los cultivos MG, una forma agraria presente en 170,3 millones de hectáreas en todo el mundo y por la que apuestan 17,3 millones de agricultores en todo el mundo. Una tecnología más presente en los países en vías de desarrollo en los que en 2012 se sembró el 52% de total mundial de transgénicos. Más del 90% de los agricultores que sembraron semillas MG en 2012 fueron agricultores de escasos recursos de países en vías de desarrollo.
Entre las inquietudes de los asistentes se encontraba la seguridad de estas semillas tanto para el medio ambiente como para el ser humano, miedos infundidos por grupos ecologistas sin respaldo científico. Se habló del último estudio de Gilles-Eric Seralini, un informe que fue rechazado por la comunidad científica y por los órganos europeos competentes por haber usado una metodología inadecuada y por haber diseñado el estudio para obtener unos resultados concretos.
La experiencia demuestra que tras casi 20 años consumo continuado de transgénicos en el mundo no se ha registrado ni un solo caso de riesgo asociado. Los alimentos MG son los más estudiados de la historia de la humanidad.
Sobre el impacto de estos cultivos en el medio ambiente, destacar que estas semillas permiten una agricultura más sostenible optimizando el uso de fitosantiarios con el consiguiente ahorro de costes para el agricultor. El maíz Bt en España incrementa el margen bruto adicional de los agricultores en 95 euros por hectárea.
Un debate abierto en el que se criticó posturas como la mantenida en la Unión Europea impidiendo a sus agricultores cultivar semillas cuya producción después se importa de terceros países. Desde la Asociación AGRO Esperanza se defendió la libertad de elección del agricultor y la capacidad de disponer de las mismas herramientas que sus competidores.
