La adopción del proyecto de ley sobre los transgénicos por la Asamblea Nacional francesa generó una fuerte crisis interna en el interior del Gobierno y entre la mayoría de derechas. El proyecto de ley, que ya había sido aprobado también en primera lectura por el Senado el pasado 8 de febrero, recibió el voto a favor de 249 diputados, mientras que 228 se pronunciaron en contra y un centenar se abstuvieron o no participaron en la votación solemne que había solicitado la oposición de izquierdas, según informa EfeAgro.

Ese voto tan ajustado significa que una parte significativa de los diputados del partido del Gobierno, la UMP, no lo han apoyado. El texto debe servir para trasponer al derecho francés la directiva europea de 2001 sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) y establece las condiciones de convivencia de los cultivos transgénicos con los que no lo son.

El proyecto de ley prevé que se publique un registro nacional que precise la naturaleza y localización de las parcelas de cultivos transgénicos.También estipula que todo agricultor que cultive OGM será responsable del “perjuicio económico” causado por la eventual presencia de transgénicos en la producción de otro agricultor, y deberá suscribir para ello un seguro que cubra su responsabilidad.

Igualmente contempla la creación de una Alta Autoridad, integrada por un comité científico y de otro económico, ético y social, que asesorará al Gobierno en todos los temas relacionados con los transgénicos.

La cuestión de los transgénicos suscita desde hace una decena de años una larga polémica en Francia, que por decisión de su presidente, Nicolas Sarkozy, suspendió el pasado mes de enero la de cultivar en campo abierto y con fines comerciales la única planta OGM autorizada, un maíz del grupo Monsanto.

El argumento para recurrir a la cláusula de salvaguarda que contempla la normativa europea es la incertidumbre sobre las consecuencias medioambientales de ese cultivo, y en concreto sobre los riesgos de diseminación del maíz transgénico a otros campos de maíz convencional.

Antes de la votación, el Ejecutivo fue el centro de una crisis aguda que tuvo su origen en unas declaraciones de la secretaria de Estado de Ecología, Nathalie Kosciusko-Morizet, contra el ministro de Ecología, Jean-Louis Borloo, del que depende, pero también contra el jefe del grupo parlamentario de su partido UMP, Jean-François Copé, y contra otros dirigentes.

Kosciusko-Morizet dijo estar “harta de enfrentarse a un ejército de cobardes”, después de que varios miembros del grupo parlamentario de la UMP le hubieran recriminado la adopción de varias enmiendas propuestas por la oposición de izquierdas a las que había dado su consentimiento implícito.

La secretaria de Estado denunció que “hay un concurso de cobardía y de falta de elegancia entre Jean-François Copé, que trata de desviar la atención para ocultar sus propias dificultades dentro del grupo parlamentario, y de Jean-Louis Borloo, que se contenta con hacer el mínimo”.

El primer ministro, François Fillon, le exigió que presentara excusas públicamente por esas palabras, y le advirtió de que sacaría “todas las consecuencias” en caso de que no lo hiciera. Pocos minutos después, la interesada emitió un comunicado en que pedía perdón a Borloo y Copé, afirmaba que sus declaraciones habían sido “deformadas” y señalaba que entendía que hubieran podido herir.

Pese a todo, Kosciusko-Morizet no fue autorizada por Fillon a estar presente esta tarde en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, ni durante el voto del proyecto de ley sobre los OGM y no irá con el primer ministro al viaje oficial que éste hace a Japón la semana próxima, como estaba inicialmente previsto.

Compartir en redes sociales