Este artículo es una traducción del original de Genetic Literacy Proyect, un portal en el que se analiza la innovación en el ámbito de la biotecnología. Artículo del economista agrario Graham Brookes,
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El anuncio de que Astra-Zeneca, empresa biofarmacéutica británico-sueca, ha desarrollado la tercera vacuna contra el coronavirus con resultados prometedores en las pruebas de Fase III ha sido recibido con entusiasmo. La nueva vacuna cuenta con una tecnología inteligente avanzada. Funciona con el denominado “vector viral”, que es un virus inocuo que ha sido modificado genéticamente (MG) para contener genes del coronavirus. Cuando se inyecta el virus MG en células humanas, estas fabrican proteínas del coronavirus que estimulan el sistema inmune para que pueda combatir cualquier futura infección por coronavirus. El mismo sistema de la vacuna creada por Moderna en colaboración con Pfizer-BioNTech, que también funcionan con los últimos avances en biotecnología, y que reciben el nombre de “vacunas mRNA”.
¿CONTRADICCIÓN E HIPOCRESÍA?
Según ha comentado con “entusiasmo” el primer ministro británico, Boris Johnson, los resultados son fantásticos. Elogios a los que se han sumado los políticos europeos, que han valorado positivamente estos avances que garantizan a los ciudadanos de la robustez de los sistemas de aprobaciones basados en ciencia diseñados para garantizar la seguridad. Pero parémonos un momento. ¿No es esta postura incoherente e incluso hipócrita?
Estas vacunas, así como la mayoría de las que están en fase de estudio, se están desarrollando con las mismas técnicas de modificación genética o edición genética (EG) a las que muchos políticos europeos han prohibido el acceso durante los últimos 25 años a los ciudadanos y agricultores para la producción y el consumo de alimentos, así como para el cultivo de piensos y de fibras. Técnicas a las que se han enfrentado firmemente los grupos que se supone defienden el medioambiente.
Si estos políticos y grupos de presión opuestos a la tecnología transgénica hubieran sido coherentes en los últimos 25 años, estarían denunciando el desarrollo y uso de estas vacunas, emprendiendo campañas en contra de su aprobación, y manifestando públicamente que ellos no se pondrán las vacunas contra el COVID-19 cuando estén disponibles de manera generalizada para los ciudadanos.
HISTORIA SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS TRANSGÉNICOS
Existen unos marcos normativos sólidos para evaluar científicamente los riesgos que entrañan los organismos modificados genéticamente desde los años 90, y se han llevado a cabo más de 4.300 evaluaciones normativas con base científica de este tipo en 70 países hasta 2019 (ISAA, 2019). Estas han facilitado la adopción generalizada de cultivos con estas innovaciones de manera amplia fuera de Europa, en más de 190 millones de hectáreas, en 26 países para 2018.
Hasta la fecha, no se ha detectado en ningún cultivo o producto transgénico derivado de los mismos un nivel de riesgo distinto al de un cultivo o producto convencional. No ha habido ninguna evidencia científica de que hayan tenido un impacto negativo sobre la salud humana y existe un amplio consenso entre la gran mayoría de científicos y reguladores de que el consumo de estos productos es seguro. Más de 280 agencias basadas en criterios científicos de todo el mundo han respaldado la seguridad de los cultivos transgénicos.
Además, existen numerosas pruebas, en gran parte en publicaciones revisadas por pares de renombre, que demuestran que las tecnologías de cultivo han realizado una importante contribución a la mejora de la seguridad alimentaria mundial, reduciendo la huella medioambiental de la agricultura y ayudando a recortar las emisiones de gases invernadero (por ej., Brookes and Barfoot, 2020).
A pesar de todo este fundamento científico, de las evaluaciones de riesgos, la monitorización y la cantidad de pruebas realizadas, la mayoría de los políticos europeos han continuado aplicando un enfoque sin base científica para regular el uso de estas tecnologías, impidiendo de manera generalizada a los agricultores y ciudadanos europeos el acceso a los beneficios anteriormente citados.
Como resultado de ello, el estado actual de la normativa y el uso de cultivos modificados y editados genéticamente en Europa es el siguiente:
- En 2020, solo se plantó un rasgo de cultivo transgénico en la UE, un maíz resistente a los insectos, que se ha cultivado solo en España y Portugal, y que constituye fundamentalmente un legado de los inicios cuando se aprobaron los cultivos transgénicos.
- La Directiva de la UE 2015/412 permite a los Estados miembros restringir o prohibir el cultivo en sus territorios por motivos no científicos. Dieciocho Estados miembros y cuatro regiones situadas en dos países (Valonia, en Bélgica; e Irlanda del Norte, Escocia y Gales, en Reino Unido) han utilizado esta autoexclusión para prohibir el cultivo de transgénicos.
- Las aprobaciones para la importación y el uso de cultivos transgénicos y sus derivados están a menudo sujetas a la incertidumbre y a largos retrasos debidos a interferencias políticas, causando a menudo perturbaciones en las cadenas de suministro europeas de materias primas a los agricultores europeos y a los procesadores de alimentos/piensos y usuarios. El plazo de ejecución medio para que una decisión normativa sobre cultivos transgénicos tenga efecto en la UE es de cinco años (Smart et al, 2016) y un grupo de Estados miembros de la UE (Austria, Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia) tienen una larga trayectoria de voto en contra de las aprobaciones para la importación y el uso, junto con otros, en particular, Alemania, Italia y Portugal, que por lo general, se abstienen de votar. Todos estos Estados miembros importan y utilizan estos mismos productos básicos derivados de transgénicos a los que sus políticos les prohíben el acceso repetidamente.
- Se ha demostrado que todo el sistema europeo de aprobación normativa de transgénicos ha fracasado en su objetivo previsto (Comisión Europea, 2015) y se ha considerado mal administrado (Defensor del Pueblo Europeo, 2016).
- Por último, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2018, todas las innovaciones que contengan o se deriven del uso de las últimas tecnologías de investigación genómicas, conocidas como técnicas de edición genética “deberán considerarse equivalentes a los transgénicos”, y por tanto, están sujetas al mismo sistema de aprobación normativa mal administrado y disfuncional. Esto contrasta con los numerosos países, entre ellos, los EE.UU., Brasil, Argentina y Japón que han decidido que algunos productos (no todos, como en la UE) desarrollados con técnicas de GE no merecen estar sujetos a las normas de aprobación regulatorias aplicadas a los transgénicos.
Desde un punto de vista normativo, la aparición de la pandemia del coronavirus y la urgencia de desarrollar vacunas ha puesto bajo la luz el dilema considerable al que se enfrentan los políticos y reguladores en los países europeos en relación con la coherencia normativa. Si existe un compromiso genuino de coherencia en la forma en que se ofrecen los desarrollos científicos en medicina y agricultura, ¿cómo podría ser el futuro? Hay dos opciones principales:
- Aplicar el mismo enfoque actual de aprobación normativa riguroso y únicamente basado en datos científicos que se está empleando con las vacunas del COVID-19 en la regulación de las innovaciones en cultivos y ganadería derivadas de las mismas tecnologías, para que los europeos tengan acceso a los beneficios de los que ya se están disfrutando en muchos países fuera de Europa en agricultura y en los sistemas de producción de alimentos.
- O aplicar el actual enfoque de aprobación normativa basado en datos no científicos y sin respaldo de pruebas que se está aplicando actualmente a las innovaciones en cultivos que utilizan técnicas de MG o GE para las vacunas del COVID-19. Si se implanta este “enfoque excesivamente cauteloso”, el “mejor escenario” para Europa es que sus ciudadanos puedan tener acceso a las vacunas en un plazo de unos cinco años, o posiblemente, que no tengan acceso a ellas en absoluto. Este sería un desenlace interesante para los políticos europeos a la hora de explicárselo a los ciudadanos.
¿SE PARECERÁ EL FUTURO AL PASADO EN LA AGRICULTURA?
Por supuesto, los países europeos podrían continuar con su enfoque incoherente e hipócrita de aplicar un enfoque científico y basado en pruebas a las vacunas contra el COVID-19, y un enfoque no científico y no basado en pruebas a la genética de cultivos. Esperemos que nuestros políticos aprovechen la oportunidad que plantea el importante desarrollo de las vacunas derivadas de GM/GE, para replantear, relanzar y revisar los sistemas de aprobación normativa y que nos podamos beneficiar todos de su potencial en todos los sectores, incluida la agricultura y la producción alimentaria.
Un profesor asociado en innovación agroalimentaria de la Universidad de Saskatchewan, Stuart Smyth (2020), concluyó recientemente con gran acierto:
La UE tiene una oportunidad única y poco habitual de revisar su sistema normativo, liberándolo de los grilletes implantados por la oposición medioambiental y política. La adopción de un sistema normativo sobre productos basados en criterios científicos para las tecnologías de edición genética que integre las decisiones de aprobación en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) revertiría la tendencia de estos 20 años de declinar la investigación agrícola y la inversión en desarrollo dentro de la UE.
