Con motivo del Congreso Internacional Anual de la European Seed Association (ESA), celebrado en Madrid del 7 al 9 de octubre, la asociación europea de semillas exigió que la Unión Europea regule los productos por sus características y no por las técnicas de obtención. Así de firmes se mostraron en rueda de prensa representantes de la ESA rechazando la reciente decisión del Tribunal de Justicia europeo acerca de las técnicas CRISPR que considera los organismos obtenidos mediante mutagénesis como un organismo modificado genéticamente (OMG) y por tanto los somete a la actual Directiva europea de transgénicos.

Garlich V Essen, Secretario General de la ESA, resaltó que toda la Unión Europea ha recibido con sorpresa la decisión del Tribunal de Justicia ya que “científicamente no tiene ningún sentido” y defendió que “si dos productos son iguales no deberían ser regulados de forma distinta”. Una regulación que para la ESA deja “a los agricultores, procesadores, comerciantes y consumidores en una situación de desventaja competitiva frente a los de otras regiones”.

El experto recordó que los agricultores están viendo cómo se les limitan las herramientas de uso (fitosanitarios, fertilizantes, semillas…) mientras que lidian con la escasez de recursos como el agua. Un panorama difícil en el que la mejora genética es aún más importante que nunca para el desarrollo del sector agroalimentario. “Si la Unión Europea sigue poniendo barreras al desarrollo de la mejora genética tendrá problemas (alimentarios) en el futuro”, remarcó.

OBTENTORES VEGETALES DE ESPAÑA

La postura de la ESA fue respaldada por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE), cuyo Secretario General, Antonio Villarroel, reconoció que la decisión del Tribunal de Justicia europeo “coloca todo el sector en situación de desventaja.” Una postura restrictiva que sólo está tomando la Unión Europea, ya que en el resto del mundo se está regulando en función del producto y no de la tecnología utilizada. “La Unión Europea está provocando una deslocalización de la investigación en semillas hacia otros países menos restrictivos”.

“La aplicación de la normativa sobre transgénicos impone unos costes regulatorios en evaluación de riesgos que superan los 20 millones de euros”. Villarroel recordó también que los productos obtenidos a través de las técnicas CRISPR podrían haberse obtenido de la naturaleza sin intervención humana, y puso de manifiesto la contradicción que supone que, mientras que se impide el uso de esta técnica en Europa, se permita el consumo de alimentos producidos por medio de CRISPR procedentes de países no comunitarios.

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

En la ruda de prensa también participó José Pío Beltrán, profesor del CSIC en el IBMCP, quien reconoció que la comunidad científica europea está “sorprendida y disgustada” por esta decisión. Recordó que la mutagénesis es una herramienta fundamental en la mejora genética y que a lo largo del tiempo los investigadores han ido desarrollando tecnologías cada vez más precisas hasta llegar a las técnicas CRISPR, que permiten intervenir en un gen con una precisión máxima.

El resultado es la obtención de una planta nueva “en la que no existe ningún resto que señale que se ha utilizado la ingeniería genética, una planta de cultivo exactamente igual que una que se haya podido producir por azar en la naturaleza. La ciencia solo ha desarrollado técnicas y conocimientos para hacer este proceso más rápido, más seguro y más sostenible”. Y destacó que el uso de las técnicas CRISPR en investigación publica está en un punto álgido y que someterlo a la Directiva de OMGs frenaría su progreso. “Es importante que a la hora de evaluar un producto se lo evalué por lo que es y no por cómo se ha obtenido”.

 

SOBRE LA ESA

Como consecuencia de la fusión de cuatro entidades que ya existían desde los años setenta, la ESA se fundó en 2000 para promover la regulación justa del sector europeo de semillas, el fomento de la investigación y aplicación de tecnologías innovadoras y la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con plantas y semillas.

En la ESA se integran casi 40 asociaciones nacionales (en España ANOVE y APROSE) que representan a 7.200 empresas semilleras. Su volumen de negocio alcanza los 7.000 millones de € en la UE y en ellas se emplean 52.000 personas, 12.000 de ellas altamente cualificados, vinculadas directamente a tareas de I+D.

Compartir en redes sociales