En el marco del AseBio Green Innovaton Forum 2020, se celebró una mesa redonda para abordar el criterio científico en la toma de decisiones políticas en la Unión Europa ante innovación agraria. Un debate en el que la edición genética en agricultura fueron el centro, una herramienta fundamental para la lucha contra el cambio climático, alcanzar una alimentación sostenible o mejorar el rendimiento de los cultivos.
En la mesa participó Clara Aguilera (Diputada y Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo), Diego Canga Fano (Consejero Principal, DG Agricultura y Medio Rural de la Comisión Europea), Antonio Molina (Director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas CBGP y representante de la Comisión Nacional de Bioseguridad) y Lluis Montoliu (Investigador en el CNB-CSIC). La mesa fue moderada por Francisco Egea (Director de la Cátedra Cajamar de Bioeconomia de la Universidad de Almería).
El valor de la ciencia como base para legislar la innovación agroalimentaria fue defendida por todos los ponentes. Lluis Montoliu afirmó que es importante trasladar la información a los políticos para que cuando tomen las decisiones lo hagan en base científica. “En ciencia la opinión no es importante, lo importante son los datos, las evidencias y el rigor”, reconoció. Por su parte, Antonio Molina resaltó el valor de la base científica en la toma de decisiones, “sobre todo en los organismos de certificación”. En esta línea criticó que se esté “ninguneando” a la EFSA pese a que esté haciendo un trabajo “excepcional” y pidió que los políticos se apoyen siempre en decisiones científicas y que cuenten con asesoramiento para ello.
Diego Canga añadió una perspectiva más al afirmar que “cada vez que hay una innovación hay oposición de los ecologistas y siempre ganan la batalla”. Un panorama que según dijo no tiene que ser así. “Deberíamos poder dar más objetividad al debate y no que cualquier comentario de una organización ecologista se de por bueno y desautorice la investigación científica”, afirmó, invitando al público a estimular la objetividad en los debates científicos. En esta línea, Clara Aguilera afirmó que enfrentar a la ética con la ciencia nos lleva a cuestionar nuestro propio sistema.
UNA NORMATIVA ANTICUADA
Además, Clara Aguilera puso sobre la mesa el principio de precaución, preguntándose si éste puede estar limitando el desarrollo de herramientas como la edición genomica o los organismos modificados genéticamente (OMGs). Luis Montoliu explicó que “el principio de precaución va unido al nuestro nivel de conocimiento de cualquier técnica. Cuando desconocemos prácticamente todo es prudente aplicarlo, pero cuando sobreaplicamos este principio cuando tenemos conocimiento, que es lo que está ocurriendo con los OMGs, se convierte en un bloqueo”. Y señaló la importancia de que no usar el principio de precaución una vez que se tienen los suficientes conocimientos científicos sobre un avance que confirmen su seguridad.
En esta línea, Lluis Montoliu recordó que la legislación actual de OMGs se gestó hace 30 años y lo que se sabía entonces sobre edición genéica y lo que se sabe ahora dista un mundo. De ahí la importancia de actualizar la legislación, y de ahí el error de incluir las nuevas técnicas de edición genética en la misma legislación de los OMGs. Una normativa desfasada para los OMGs que tiene aún menos sentido aplicar a tecnologías tan recientes, seguras y precisas como las herramientas CRISPR. Para el científico, incluir estas herramientas en la legislación de OMGs es una “condena a los emprendedores, empresas e investigadores que confían que la investigación básica pueda trasladarse a la vida real”.
Antonio Molina reconoció que “la biotecnología vegetal se ha visto como una amenaza en agricultura por determinados grupos, pero nadie discute el valor de la biotecnología sanitaria, aún menos en época de COVID”. Y recordó que muchas de las vacunas que se están desarrollando ahora son recombinantes y que hay que decir a la gente que se va a inyectar un virus OMG para generar inmunidad para el COVID. Y resaltó el sinsentido afirmando que “tenemos problema con comernos un maíz MG y nadie lo tiene en inyectarse una vacuna MG. No se cuestiona la Agencia del Medicamento pero sí a la EFSA”.
EL PACTO VERDE
Clara Aguilera recordó que el Pacto Verde europeo es un texto político sin base científica, pero que espera que cuando se convierta en un texto legislativo sí tenga base científica. “Defender una reducción del uso de fitosanitarios sin una base científica adecuada es absolutamente insostenible” reconoció, añadiendo que “no podemos llegar a esa reducción sin un desarrollo mayor de la bioeconomía, la innovación y la investigación, incluida la edición genética”. Y afirmó que si el Pacto Verde no se basa en ciencia la Unión Europea irá por mal camino. “No todo puede ser agricultura ecológica, el resto de modelos tienen también todas las garantías de seguridad y sostenibilidad, no se debe confrontar modelos”, matizó.
En esta línea, la eurodiputada criticó que se utilicen los OMGs como merchandising ya que “si una decisión política llega a ser utilizada comercialmente quiere decir que la sociedad tiene muy poca información”. Así se pronunció hablando del etiqutado “Libre de OMGS”, un etiquetado que carece de sentido y que calificó de “inaudito” en una industria alimentaria tan potente como la europea.
Por su parte, Lluis Montoliu recordó que vivimos en un mundo global y que las decisiones que tomemos en la Unión Europea respecto a una tecnología que ya se usa ampliamente en el mundo solo tendrá impacto sobre nosotros. “Es un error desdeñarla y no utilizarla”. Y concluyó afirmando que siente “que ya hemos perdido el tren de la biotecnología” y que “Europa tiene que cambiar diametralmente si no quiere descolgarse de la innovación”.
