Fundación Antama suma su firma al Manifiesto por la Agrociencia impulsado por la Alianza por la Agricultura Sostenible (ALAS), un llamamiento a las Administraciones para impulsar la agrociencia y la toma de decisiones basada en la evidencia científica. Las entidades adheridas representan todos los ámbitos del sector agroalimentario, desde productores agrícolas y ganaderos, industrias transformadoras, de distribución y de insumos hasta de servicios para el sector, entre otros.

El Manifiesto surgió como iniciativa para aglutinar las voces del sector ante los retos inminentes que afronta, como el Pacto Verde Europeo o las estrategias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030. “La adhesión de estos representantes del sector pone de manifiesto la unanimidad que existe en torno a la necesidad de que las Administraciones Públicas afronten los retos legislativos de la necesaria transición hacia una agricultura más sostenible sobre la base de las evidencias científicas y los análisis de impacto”, ha afirmado Pedro Gallardo, presidente de ALAS.

El Manifiesto defiende que sólo una toma de decisiones que reconozca el papel innovador de la agricultura y se base en la ciencia permitirá tener éxito ante esos retos, manteniendo la competitividad, el empleo, la producción y la modernización del sector, apostando por una transición justa que permita combatir la despoblación en las zonas rurales.

El Manifiesto lanza siete propuestas concretas dirigidas a las Administraciones Públicas, a los agentes económicos y sociales, y a la sociedad en general. Entre ellas se encuentra el potenciar el papel del sector agrario como sumidero de carbono, facilitando a los agricultores la sostenibilidad de sus producciones. También el considerar la agricultura y la ganadería en España como un laboratorio europeo para el cambio climático por su mayor exposición a las consecuencias de este fenómeno.

El Manifiesto pide establecer, como solicita también la comunidad científica, un marco regulatorio basado en criterios científicos, proporcionado y razonable que permita a los agricultores utilizar las variedades mejor adaptadas a los desafíos fitosanitarios, competir en condiciones de igualdad y poner en valor los recientes avances en técnicas de edición genética.

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