España

En la Unión Europea se lleva sembrando maíz Bt desde hace 18 años, siendo España el país con mayor superficie y una apuesta firme continuada desde su aprobación. Se trata de una variedad resistente al taladro, también conocido en otras partes del mundo como el barrenador del maíz, una plaga que se come la planta por dentro debilitándola hasta hacer que caiga al suelo y muera. Pese a la larga experiencia en el cultivo de dicha variedad de maíz no se ha desarrollado resistencia alguna derivada de su siembra. Para descubrir las razones por las que no se ha desarrollado ninguna resistencia, un equipo de investigadores españoles del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) han estudiado cómo se ha desarrollado el

El USDA Foreing Agricultural Service ha lanzado el Global Agricultural Information Network en el que analiza la situación de la biotecnología agraria en diversos países. Hace unos días nos hacíamos eco de lo que decían sobre Croacia y hoy desgranamos lo que se dice sobre España. Un análisis del país con mayor superficie con cultivos biotecnológicos de la Unión Europea en el que “tradicionalmente se ha mantenido un enfoque sobre la biotecnología agraria basado en la ciencia”. El documento se resalta que la industria avícola y ganadera española son dependientes de las importaciones de granos y proteínas para la alimentación animal, importaciones que en su gran mayoría son productos modificados genéticamente. Según explica el documento, España es un importador neto

En el día de ayer se presentó en Madrid la Plataforma ALIMENTOS CONCIENCIA, una agrupación que exige la toma de decisiones con base científica a nivel comunitario. En esta línea la Plataforma se ha pronunciado sobre la propuesta de la Comisión Europea que permitiría a los Estados miembros la adopción de normas nacionales para restringir o prohibir por razones no científicas el uso de organismos modificados genéticamente (OMGs). Una propuesta que de aprobarse rompería «la unidad del mercado de alimentos y piensos, con insalvables consecuencias económicas y sociales». La Plataforma considera que la propuesta de la CE es demagógica y pide que se aplique la legislación vigente y que todos los OMGs que superen la evaluación de riesgos realizada por la Autoridad competente