El Parlamento Europeo ha defendido la transparencia de España informando sobre los cultivos transgénicos existentes en el país. El órgano europeo lo ha hecho respondiendo a la demanda de una ciudadana española que alegaba que los datos de cultivos transgénicos en España no eran de acceso público. La demandante criticaba que el MAGRAMA hubiera «prohibido» la difusión de los mapas de las áreas donde se cultivan transgénicos para evitar vandalismo, una postura que según la demandada va en contra de la legislación vigente.
La reclamación, admitida a trámite el 16 de abril de este año y cuya resolución fue publicada el pasado 29 de septiembre, ha sido desestimada por el órgano correspondiente del Parlamento Europeo ya que España no ha infringido ninguna normativa, ni la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso público a la información medioambiental ni la Directiva 2003/35/CE relativa a la participación del público.
La resolución resalta que la localización de cultivos modificados genéticamente regulados por la Directiva 2001/18/CE se recogen en España en un Registro nacional gestionado por el Consejo Interministerial de OMGs (CIOMG) cuya información está disponible para el libre acceso del público a través de la propia página web del MAGRAMA. La actuación del Gobierno español en esta materia está en total consonancia con las directivas europeas y garantiza la transparencia total.
