Mientras los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea continúan en desacuerdo sobre la capacidad de los Estados miembros para establecer zonas libres de organismos modificados genéticamente (OMGs), la Comisión Europea ha decidido introducir cambios prácticos en los proceso de aprobación de dichas variedades tras las críticas vertidas tanto sobre el procedimiento como sobre el papel de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Ante este desacuerdo entre los estados miembros, países como Francia han invocado la cláusula de salvaguardia que les permite suspender la comercialización y plantación de cultivos transgénicos. Sin embargo, el Ejecutivo europeo nunca ha formalizado dichas solicitudes y en todos los casos ha ordenado levantar estas prohibiciones nacionales. En este contexto, el presidente europeo francés ha creado un grupo de trabajo que ha elaborado una serie de propuestas para solucionar estos problemas.
Tras varias discusiones informales a principios de este verano, los ministros europeos de Medio Ambiente abrieron el debate sobre los procedimientos actuales de autorización de los OMGs en una reunión del Consejo el pasado 20 de octubre.
Pese al deseo por parte de los estados miembros de consenso, el desacuerdo surgió en cuestiones de protección y establecimiento de territorios libres de OMGs. En esta línea, algunas delegaciones destacaron que el marco legislativo actual permite el desarrollo de tales medidas siempre que existan pruebas científicas de riesgo. Por el contrario, pese a que la ley así lo detalla, en ninguno de los casos surgidos en los últimos años se han podido presentar tales pruebas y la prohibición ha tenido que ser levantada.
Según la Presidencia francesa, los ministros convinieron en la necesidad de mejorar a largo plazo la evaluación de riesgos medioambientales. Además, varias delegaciones pidieron la revisión de los principios rectores de la EFSA para que, siempre que actúen, tengan en cuenta los últimos resultados de investigación científica.
También se abordó la propuesta de incluir aspectos socioeconómicos en los procesos de autorización, algo “importante” pero “complejo” según los estados miembros que nunca sustituiría la evaluación científica como criterio de autorización.
