La mayoría de la población española quiere disponer de información suficiente para poder elegir entre el consumo de alimentos que contengan organismos modificados genéticamente y los que no los contengan. Estos son los resultados del estudio impulsado en el ámbito comunitario y que forma parte del proyecto Co-Extra (Co-existance & Traceability), desarrollado en el 2008, y que analiza el comportamiento de los consumidores respecto a los OGM.
Los datos los presentó José María Gil, director del Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA) en la jornada organizada por la Fundación del Mundo Rural (FMR) Los organismos modificados genéticamente: ¿sabemos lo suficiente? que finalizó el pasado 21 de noviembre.
Más del 35% de la población española entrevistada dentro del proyecto Co-Extra manifiesta su deseo de poder elegir entre alimentos transgénicos y no transgénicos, cerca del 20% considera que pueden perjudicar su salud, un 15% cree que las regulaciones existentes protegen suficientemente los posibles riesgos. Además, alrededor de otro 15% cree que los transgénicos suponen perjuicios al medio ambiente, y menos del 10% consideran que son buenos para el medio ambiente y para la salud.
El Eurobarómetro de 2002 demostraba la amplia aceptación, en aquel momento, por parte de los consumidores españoles que se mostraban favorables a los transgénicos en un 74,1%. “En este tema es como si hubiera dos mundos, la parte de la producción tiene una visión más positiva de los organismos modificados genéticamente mientras que los consumidores tienen una mayor percepción de riesgo”, afirmó Gil. Él mismo indicó también que la legislación varía mucho entre Europa y los Estados Unidos, donde no hay obligatoriedad en el etiquetado cuando si que hay en el Viejo Continente. En el mismo estudio también se constata como la población española si bien está dispuesta a pagar más por productos ecológicos o locales, lo está mucho menos con aquellos alimentos que contengan transgénicos con valores para la salud y nada para los que contengan valores favorables al medio ambiente.
Lérida y Gerona encabezan el cultivo de OGM
Cataluña participa de un 70% de los proyectos de investigación vinculados a organismos modificados genéticamente que se desarrollan en el Estado español. De las 28 autorizaciones para la investigación que se desarrollan en tierras catalanas, la mayoría están vinculadas con investigación biomédica y sólo cuatro lo están a usos agrarios. Estos datos fueron aportados por Xavier Ferrer, Secretario de la Comisión Catalana de Bioseguridad. Esta Comisión dicta informes de carácter vinculante y está formada por todas las consejerías del Gobierno implicadas en Salud, Medio Ambiente o Agricultura, encargándose de la parte más técnica a la hora de autorizar nuevas investigaciones y ensayos en variedades de OGM.
Por otra parte, Ferrer también dio datos de superficie de cultivos de maíz modificado genéticamente en Cataluña en 2008, que sitúa el peso de los OGM en un 48,37% del total, 20.447 están concentradas en Lérida y Gerona: 16.189 están en la demarcación de Lérida y 4.155 están en Gerona. Por comarcas sólo hay datos de 2007, cuando el total en Cataluña era del 40,16% de la superficie total con cultivos de OGM, destacan: el Pla d’Urgell con 4.569, La Noguera con 2.643, El Segrià con 2.600, el Baix y Alt Empordà con 1486 y 1410 respectivamente, el Urgell con 816 y Les Garrigues con 758. El resto de comarcas tenían superficies inferiores a las 200 en 2007.
Ferrer, que aportó datos sobre los cultivos de producción ecológica de maíz en cada comarca, pidió la regulación de la coexistencia para garantizar la libre elección del productor entre el sistema de cultivo que quiera usar. Ahora mismo, según señaló el técnico, no hay regulación de buenas prácticas en los agricultores que cultivan OGM que eviten la contaminación genética.
Regulación del comercio
También intervino Josep María Cascuberta, investigador y experto de la European Food Safety Autority (EFSA), encargada de autorizar nuevas variedades de transgénicos en el ámbito comunitario, que habló de “El proceso de regulación y autorización de la producción y la comercialización: la evaluación científica”. Añadió que el rol de los científicos en el análisis del riesgo de los OGM debe estar diferenciado del rol de los políticos en la gestión del riesgo y la toma de decisiones.
