El maíz transgénico ha cumplido diez años de producción comercial en España en 2007, un año que se cierra nuevamente sin normativa de coexistencia entre los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) con los convencionales y ecológicos.
En 1998 varios agricultores apostaron por este tipo de maíz cultivando 22.317 hectáreas, tres veces menos de lo que se ha sembrado este año, que asciende a 75.148 hectáreas, el 21% de la superficie total y concentrado principalmente en Aragón y Cataluña.A lo largo de estos años el cultivo de maíz GM ha ido experimentando un importante incremento, excepto en 2001 que retrocedió a 11.540 hectáreas debido probablemente a la falta de disponibilidad de semilla, y en 2005 y 2006 que descendió levemente con respecto a 2004 (58.219 hectáreas).
España ha sido pionera en la comercialización de un cultivo modificado genéticamente con fines comerciales para piensos y es el país donde más hectáreas se cultivan con OGMs, en concreto una variedad de maíz (Bt) resistente a la plaga del taladro. En la actualidad, nuestro país cuenta con 52 variedades híbridas de maíz autorizadas para su cultivo y derivadas del evento OGM MON 810.
Son muchos, entre ellos algunas organizaciones agrarias y ecologistas, los que han denunciado durante estos diez años que este tipo de cultivos son una amenaza para el medio ambiente, la agricultura y en especial para las personas, reclamando su prohibición en España y una legislación europea que garantice una alimentación y agricultura libres de transgénicos. Concretamente, un total de tres Comunidades Autónomas, Asturias, País Vasco e Islas Baleares, y 14 municipios de otras seis están declaradas libres de OGMs en nuestro país, mientras que en la UE son ya 176 las regiones y más de 4.500 autoridades municipales las que han expresado su deseo de permanecer libres de transgénicos, según datos de la asociación ecologista Amigos de la Tierra.
Por el contrario, otros científicos y agricultores defienden su cultivo, su proceso de aprobación y su seguimiento comercial en las fronteras comunitarias. Aunque han reconocido en múltiples ocasiones que “el riesgo cero no existe”, coinciden en afirmar que este tipo de productos pasan por controles incluso más rigurosos que las variedades convencionales, que en lo investigado hasta ahora “no ha habido riesgo detectable” y que las reticencias que genera se deben al desconocimiento.
En estos años, los cultivos GM han convivido con los convencionales y ecológicos, con problemas para los primeros y sin problemas importantes para los segundos, para lo cual el Gobierno presentó en 2005 un Proyecto de Real Decreto para regular la coexistencia de estos cultivos en nuestro país. Un Proyecto que establecía los requisitos a cumplir por los agricultores, una distancia mínima de aislamiento así como un Plan Nacional de Supervisión para vigilar y evaluar estas normas de coexistencia. Sin embargo, este Real Decreto, necesario para que los productores conocieran sus obligaciones, nunca salió adelante y el Ministerio de Agricultura, uno de los departamentos elaboradores junto con el de Medio Ambiente, ha apostado por que esta coexistencia esté regulada “sin imposiciones” y ha hecho hincapié en la necesidad de realizar una análisis “sereno y pensado” de esta normativa.
De momento, la industria de semillas difunde por todas las empresas una guía de buenas prácticas para los agricultores con el objetivo de que las producciones no interfieran unas sobre otras. En definitiva, la biotecnología agraria, que cuenta con seguidores y detractores, tiene aún un largo camino por recorrer, que pasa por seguir investigando, beneficiar a todos y garantizar una mejor alimentación a la sociedad.
