En el marco de BioComunica 2019, celebrado en Madrid el 28 de octubre, tuvo lugar una mesa redonda sobre Biotecnología, política y relaciones institucionales. En ella se puso en valor el contacto directo del sector biotecnológico con la Administración para garantizar que los políticos puedan legislar con el mayor conocimiento posible. Isabel del Río (coordinadora de proyectos Biosim) recordaba que los políticos “son los responsables del escenario en el que nos movemos”, por todo ello es clave “convertirlos en interlocutores para trasladarles nuestras necesidades y que sepan en qué consiste el sector”. Para ello es necesario “comunicadores bien formados”, que sean capaces de transmitir una información después de haberla filtrado y entendido.
En esta línea, Adriana Bonezzi (coordinadora de APRI Salud) invitaba a llamar a la puerta de la Administración. Consciente del reto que supone esto, resaltaba el valor de “llegar a trasladar los mensajes del sector a los políticos de todos los colores” y se lamentaba de la falta de comunicación, el gran fallo del sector que muchas veces no sabe adaptar su mensaje para que sea entendido por los políticos. “Hay que entender el esfuerzo que tienen que hacer desde la Administración para ver lo que está pasando en la calle. Realmente necesitan a la ciudadanía para que presenten propuestas en todos los asuntos”.
Bonezzi reconoció ser defensora del “empoderamiento de la ciudadanía”, el poder llamar a la Administración con un deseo de cambiar las cosas. Para ello hay que usar todas las vías posibles, entre ellas las redes sociales, una de las principales vías de comunicación actuales.
CIENCIA EN EL PARLAMENTO
Lorenzo Melchor (Coordinador de Ciencia en el Parlamento) compartió su experiencia en Reino Unido, donde según explicó los miembros del Parlamento británico demandan el uso de la evidencia científica, quieren estar más informados para poder tomar decisiones adecuadas. Según los datos de un reciente estudio, “la principal fuente de información que les llega al Parlamento británico es de las ONGs, de empresas privadas y del propio Gobierno, pero los centros universitarios envían muy poca evidencia científica: las universidades comunican entre un 3 y un 10 por ciento de los avances”.
De ahí la importancia de iniciativas españolas como Ciencia en el Parlamento, en un momento en el que la tecnología avanza a un ritmo que en ocasiones la legislación no consigue seguir. “Solo los países que sean rápidos ajustando sus legislaciones a los avances disruptivos liderarán esta revolución tecnológica”, concluía Melchor. Podéis conocer más la iniciativa Ciencia en el Parlamento en este enlace.
EL SECTOR AGRARIO
Una de las áreas biotecnológicas más restringidas por la legislación europea actual son los organismos modificados genéticamente (transgénicos) y los editados genéticamente (tecnologías CRISPR). Conchi Novillo (Regulatory Affairs de Bayer Crop Science) explicaba que “los sectores más regulados son los que están siendo más cuestionados”, reflejo de que no se está comunicando bien. “Por esta mala comunicación la legislación se está basando en justificaciones no científicas”, explicaba Novillo, matizando que “si el marco regulatorio no es previsible nadie va a invertir ni apostar por estas tecnologías, porque ni con esas exhaustivas evaluaciones tienes asegurado que el producto vaya a llegar al mercado”.
Al hablar de los transgénicos recordaba que “la aplicación de la ciencia en otros sectores se ve como algo positivo, pero en el sector agrario se ve negativo, como si fuera en detrimento de la sociedad”. Una percepción preocupante, más en un momento en el que el sector agrario se enfrenta a graves desafíos. “Cuando producimos en el sector agrario estamos expuestos a todo tipo de adversidades (…) A esos desafíos se hace frente con ciencia y tecnología”. Avances que, por supuesto, deben estar regulados.
TRANSGÉNICO Y EDITADO GENÉTICAMENTE
Novillo recordaba que España es el país europeo líder en el cultivo de transgénicos. “Llevamos 22 años cultivando maíz transgénico con total seguridad”, explicaba, señalando que desde que se aprobara el cultivo de este maíz no se ha vuelto a aprobar el cultivo de ninguna variedad transgénica más. “En España los políticos se han ceñido a las evaluaciones científicas de la EFSA y han mantenido este cultivo (…) Es un buen ejemplo de decisiones basadas en ciencia, pero somos un oasis en medio del desierto (..) El sector agrario necesita ciencia, necesita tecnología y tenemos que ser capaces de hacer llegar esa ciencia y tecnología a nuestros políticos”.
En esta línea criticó que “por culpa de unas campañas de la mala información e influencia política se ha llegado a una situación en la que se ha roto el mercado único.” En el caso de los cultivos transgénicos “se ha roto la regulación marcada en 2001 para que cada país pueda libremente prohibir el cultivo en su territorio sin tener que justificarlo científicamente. Esto ha creado un poso negativo que está influyendo más allá”. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2018 que las nuevas técnicas de edición genética sean reguladas igual que los transgénicos, “esto implica que la rotura del mercado único y esa incertidumbre se traslade a todas las técnicas de edición genética”.
