En el marco de la jornada ‘Biotecnologías modernas en plantas: innovación en mejora genética’, celebrada ayer en Madrid y organizada por Anove y Fundación Antama, distintos expertos nacionales e internacionales analizaron las posibilidades que plantean estas nuevas técnicas de edición genética y los retos regulatorios a los que se enfrentan en la Unión Europea. Una de las principales preocupaciones es cómo la regulación europea podría frenar su desarrollo si se las sometiera a la misma legislación que los organismos modificados genéticamente (OMGs). Los expertos consideran que las nuevas técnicas de mejora genética, como CRISPR, no deberían de estar sujetas a la misma legislación que los OMGs ya que se fundamentan en el uso de variables genéticas existentes en la naturaleza.

Estas nuevas técnicas de edición genética pueden ayudar a afrontar los grandes retos del sector, como la sostenibilidad de la agricultura y la adaptación de los cultivos al cambio climático mediante la mejora de las variedades vegetales. Manuel Lainez (Director General del INIA) afirmó que estas técnicas son herramientas claves para hacer frente a estos desafíos y para mantener la competitividad de los mercados europeos, y añadió que “la mayor parte de los países competidores de la UE están aprobando estas nuevas técnicas y no las están considerando como OMGs”.

Por su parte, Judit Martín (Jefa de Servicios de OMGs del MAPAMA) remarcó la necesidad de clarificar el estatus legal de estas técnicas ya que hasta que no cese la incertidumbre no se harán grandes avances en el campo de las biotecnologías modernas. Además, reinvidicó un marco legal proporcionado caso por caso, centrado en el producto, que controle la seguridad velando por la realización de evaluaciones del riesgo por los organismos pertinentes, pero en ningún caso encasillando todas estas nuevas técnicas en una única legislación. “No se debe encorsetar en una única legislación a todas las biotecnologías modernas”, resaltó.

Este enfoque también fue defendido por Josep Casacuberta (Investigador científico del CSIC en el CRAG), quien afirmó que se debería reformar la legislación para certificar la seguridad alimentaria, pero permitiendo el desarrollo de productos agroalimentarios usando mejora genética e impulsando los avances en investigación básica.

Por su parte, Pere Puigdomènech (Profesor de Investigación científica del CSIC en el CRAG) afirmó que el aspecto de ‘caso por caso’ es esencial para regular las biotecnologías modernas. Además, resaltó que el papel de los científicos es clave en las evaluaciones, garantizando la seguridad a través de completos análisis científicos.

Antonio Molina (Director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas CBGP) afirmó que “si no se resuelve satisfactoriamente la regulación de las nuevas tecnologías de mejora genética existe un gran riesgo de dependencia alimentaria dentro de la Unión Europea”. Esto tendría un impacto directo sobre la bioeconomía y supondría un retraso tecnológico a nivel europeo. Por ello, apostó por una reformulación de las directivas europeas sobre la materia, y un mayor apoyo mayor de la sociedad a través de una comunicación más transparente para que el ciudadano pueda realizar sus valoraciones basándose en el conocimiento científico.

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