Los países de la Unión Europea (UE) están discutiendo si deben reforzar los trámites para autorizar transgénicos e imponer más requisitos, pero es difícil sacar adelante cambios importantes, debido a la división fuerte que hay entre los Veintisiete.

Los ministros de Medioambiente aprobarán el día 4 de diciembre medidas para revisar el proceso de autorización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y darán el visto bueno a un texto preparado después de varias reuniones de técnicos de la UE, la última de ellas celebrada hoy, informaron fuentes comunitarias.

En los debates previos al Consejo de Medioambiente, se habla de ideas que podrían incrementar los requisitos para esos permisos: informes ambientales más amplios, reglas de etiquetado para las semillas con restos de transgénicos o endurecer las exigencias en zonas donde amenace a un sector, como a los productores ecológicos.

Sin embargo, aún no hay consenso sobre el texto que los responsables de Medioambiente de los 27 deben aprobar por unanimidad, por lo que es previsible que se diluyan las propuestas y que en la práctica, se acuerden modificaciones pequeñas. Los ecologistas temen que salgan sólo “cambios cosméticos”, según denunció hoy Greenpeace.

Por ejemplo, en este debate no va a haber novedades sobre la forma en que la UE decide la aprobación de un nuevo expediente de OGM, con mucha lentitud por las discrepancias de los países, según fuentes comunitarias;

Actualmente y desde que en 2004 acabó la moratoria contra la aprobación de transgénicos, los países de la UE no han conseguido la mayoría suficiente para un solo expediente; en los casos de los nuevos OGM autorizados, fue la Comisión Europea (CE) la que los aprobó, al no haber consenso ni a favor ni en contra de los países.

Entre los países que más rechazan los OGM figuran Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Francia, Italia y Chipre; por el contrario, el Reino Unido, Suecia y Holanda son los más favorables a los productos obtenidos con esa tecnología.

En la práctica, España es el país donde más superficie hay sembrada con OGM, concretamente de variedades de maíz. Entre los puntos de discusión para el próximo Consejo figura un posible “marco regulador”.

La UE discute también sobre el establecimiento de un umbral de restos de OGM no deseados en semillas, a partir del cual haría falta un etiquetado obligatorio.

Otro aspecto es la exigencia de informes sobre las consecuencias de los transgénicos “a largo plazo” o al menos en un período de tiempo superior al que ahora evalúa la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA).

También están discutiendo sobre la consideración de cuestiones “económicas y sociales” antes de permitir un OGM nuevo; como ejemplo está el impacto que un campo de transgénicos puede tener para explotaciones de productores dedicados a la agricultura ecológica.

Otro asunto de debate es la creación de “zonas libres de OGM”; en la actualidad la legislación de la UE permite que un grupo de agricultores puedan acordarlas o que se establezcan si hay un espacio protegido, según fuentes comunitarias.

Sin embargo, las Administraciones no pueden establecer zonas excluidas de ese tipo. A pesar de esto, existe una asociación de regiones que se denominan “libres de OGM” en la que están varias españolas: Asturias, el País Vasco, Menorca, Menorca y unos 30 municipios de otras autonomías.

Los países que se oponen a aumentar las exigencias para los transgénicos en Europa argumentan que restricciones como las zonas excluidas de OGM pueden causar que se repitan litigios con otros socios, como el que la UE perdió contra EEUU y Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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