Joanna Dupont-Inglis, secretaria general de EuropaBio (Asociación Europea de Bioindustrias), analiza en The Parlament Magazine la situación de la biotecnología agraria y las nuevas técnicas de edición genética en la Unión Europea (UE). Dupont recuerda que a día de hoy 17 millones de agricultores en 24 países producen cultivos modificados genéticamente (MG) o transgénicos en más del 12 por ciento de los campos del mundo. Esto se debe a que“estos cultivos son eficientes, reducen la necesidad de utilizar otros insumos y mejoran los rendimientos y, por tanto, la seguridad alimentaria”.

Aunque Europa cultiva una cantidad mínima de la cifra total de cultivos transgénicos del mundo, Dupont señala que la UE es el segundo mayor importador mundial de productos agrícolas derivados de los cultivos MG. “En la UE, el coste de autorizar una nueva planta transgénica es prohibitivo, ya que oscila entre los 11 millones y los 16.7 millones de euros, y requiere una media de seis años para que su importación sea autorizada, más del doble de tiempo y de coste que hace una década”.

Una situación crítica que, según recuerda Dupont, existe a pesar de los más de 20 años de historia de uso seguro de los cultivos transgénicos. El elevado coste económico y los tiempos necesarios para conseguir una autorización, han hecho que las pequeñas y medianas empresas hayan sido excluidas de este mercado, incapaces de afrontar económicamente un proceso de autorización. Incluso grandes multinacionales han renunciado al cultivo de sus variedades en la UE.

Dupont reconoce que “los impactos han sido devastadores”. Solo en Reino Unido esta sobreregulación han costado al sector agrario británico entre 428 millones y 534 millones de euros entre 1996 y 2006, perdiendo cada año entre más de 65 millones de euros al no poder beneficiarse de esta tecnología.

REGULANDO LAS NUEVAS TÉCNICAS DE EDICIÓN GENÉTICA

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó en 2018 que las plantas sin una combinación novedosa de material genético (es decir, plantas no transgénicas sin genes añadidos) se encuentran bajo los mismos requisitos prohibitivos que las plantas transgénicas, una decisión que según Dupont “contradice la ciencia y el sentido común”. Desde su punto e vista el fallo de la corte pone a Europa en una desventaja importante frente a desafíos globales sin precedentes.

La carga regulatoria asociada con la legislación de OMGs ya le ha costado millones a Europa en términos de pérdida de inversión, empleos y fuga de cerebros. Según un informe publicado por la Comisión Europea en 2010, el coste general para la economía en caso de interrupción en los suministros a la UE debido a las aprobaciones asíncronas de OMGs podría ascender a los 9.600 millones de euros.

“Espero que la UE tome más liderazgo en este tema, para garantizar que tanto en Europa como a nivel mundial todos podamos beneficiarnos de todo el espectro de innovación en biotecnología, y que la UE impulse la I + D con este fin en reconocimiento a este potencial”, afirma contundente Dupont, quien recuerda que las multinacionales han desinvertido masivamente de la UE y han centrado sus líneas de desarrollo de productos GM en soluciones para agricultores en otros continentes.

En esta línea explica que la decisión del TJUE creará dificultades a los investigadores públicos y a las pequeñas y medianas empresas europeas, mientras que en otros países son éstos los que lideran la investigación en este campo. Concluye afirmando que a pesar de todos estos reveses, si Europa toma medidas urgentes “aún puede convertirse en un líder mundial en economía del conocimiento. Para que esto suceda, ante todo, los líderes europeos deben reconocer que las cargas reglamentarias científicamente injustificables han contribuido a la pérdida de competencia de la UE.”

[FUENTE: The Parlament Magazine]

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